Recientemente, ha sido noticia en
nuestro país la aprobación de las últimas reformas en materia energética por
parte del Senado, así como la fuerte oposición que enfrenta por parte de la mayoría
de los mexicanos. El discurso de quienes aprueban estas reformas es que los
beneficios se materializarán en precios más baratos de luz, gas e incluso--para
algunos--gasolina. También aducen la generación de millones de empleos bien
remunerados, y un crecimiento sustancial de la economía. Los que estamos en
contra de muchas de estas reformas argumentamos, principalmente, que
buscan despojar al grueso de la sociedad mexicana de su derecho sobre las
grandísimas ganancias que se obtienen de la extracción de hidrocarburos; y que
hoy en día sirven para financiar fuertemente los sistemas públicos de salud,
educación y seguridad social. También argumentamos que el abaratamiento de
precios y las promesas de empleo no son sino una estrategia para que los mexicanos
cedamos nuestros derechos sobre estos recursos, principalmente fustigados por
una necesidad económica que los Senadores y el Presidente--si bien conocen y
saben explotar--ciertamente no padecen. Finalmente creemos que, aunque estas
reformas se materializaran en un mayor crecimiento económico, éste se daría a
expensas de una mayor concentración de la riqueza en manos de un selecto grupo,
de por sí muy rico; por lo que los efectos de este crecimiento sobre
el bolsillo del mexicano promedio serían, en el mejor de los casos,
imperceptibles.
Al respecto, quizás valga la
pena hacer un pequeño esfuerzo para analizar más a detalle cada una de las
propuestas y contrapropuestas; ver su viabilidad y construir--en un esfuerzo
hegeliano de tesis, antítesis y síntesis--una visión más libre de prejuicios de
lo que se obtendría a futuro. Ojalá nuestros representantes, en aras del bien
común, se embarquen en un esfuerzo más profundo, dotando de cifras precisas y
corrigiendo--cuando el caso lo amerite--razonamientos como éste.
En primer lugar, está la
disminución de precios de los servicios. El argumento el gobierno que he
escuchado es simple: si hay mayor oferta, y la demanda se mantiene, el precio
tiene que bajar. Este argumento, para el caso de la gasolina en México, es
falso de entrada (para los que creen que el precio de la gasolina puede bajar
con la reforma). México es uno de los países en el mundo con el precio más bajo
de gasolina por litro. En particular, es más bajo que el precio en el vecino
país del norte, que tiene una demanda mucho mayor. Sin entrar a detalles más
técnicos, no es necesario contar con una sofisticada herramienta de simulación
para saber que, de extraerse más petróleo en México y facilitarse su
comercialización, se tendería a exportarlo a donde su precio (y demanda) son
mayores. De hecho, en la medida que las barreras comerciales y naturales se
diluyan, el precio de la gasolina en México tenderá al precio internacional;
por lo que es más factible esperar que el precio de la gasolina suba con la
reforma; y no al revés. De hecho, la razón por la que hoy tenemos gasolina de
ese precio es por los fuertes subsidios del gobierno, ya que somos importadores
netos (exportamos el petróleo, al que le ganamos mucho; luego lo procesan en el
extranjero, donde son más eficientes, y finalmente nos lo regresan como
gasolinas; y se las compramos). Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda,
dijo que para que bajaran las gasolinas se necesitaría "una más alta
disponibilidad de energéticos, una mayor eficiencia y mayor competencia en el
sector” (https://www.circulopymebanorte.com/es/Circulo_PyME_BANORTE/POR_DECRETO_NO_BAJARA_EL_COSTO_DE_LA_GASOLINA?id=1318&value=POR_DECRETO_NO_BAJARA_EL_COSTO_DE_LA_GASOLINA).
Más allá de su intención de promover
las reformas, el subsecretario no dijo que esa más alta disponibilidad debería
ser tan alta que—de hecho—modificara todos los precios internacionales (para
evitar la salida masiva de petróleo). O que la competitividad en México
aumentara tanto que pudiéramos producir gasolinas más barato que en EUA, por
ejemplo (hoy la razón de eficiencia EUA-México es algo así como 3-5 a 1).
Los precios de la luz y el gas,
aunque son más complejos de analizar, palidecen ante el escenario de gasolina
más cara, que acabará incidiendo sobre los precios de todos los demás bienes.
Yo tendría la esperanza de que el gobierno, al menos, cumpliera su palabra y
bajara dichos precios; así sea a base de subsidios.
En segundo lugar se encuentra la
creación de empleos. El gobierno ha prometido 2.5 millones de empleos (bien
remunerados) producto de esta reforma. Esta cifra es descomunal (aunque,
nuevamente, palidece ante los derechos de los 120 millones que afectará). Para
darnos una idea, la reforma tendría que dotar de empleo a uno de cada 100
mexicanos, o a uno de cada 60 mexicanos mayores de 18 años o, más aún, a uno de
cada 20 jefes/as de hogar. Así pues, el 5% de todas las familias mexicanas
deberían ver un beneficio tangible con la reforma (y si no, que la nación se lo
demande). Aún así, sería necesario explicar “ciertos” detalles. Por ejemplo,
por qué espera esta expansión descomunal en empleo si la empresa petrolera
promedio ocupa 4 veces menos empleados que PEMEX para llevar a cabo las mismas
tareas. ¿No deberíamos esperar, en cambio, que para que PEMEX pueda competir en
costos con esas empresas deba despedir masivamente empleados?
En tercer y último lugar se encuentra
la promesa del crecimiento económico; a mi juicio el más creíble de todos. Y es
que naturalmente resulta más fácil crear riqueza para los más ricos que para el
resto de la población (ya que los rendimientos del capital, más escaso, superan los de la mano de obra). Concentrar
los beneficios económicos en menos manos, bien avezadas en el uso de mercados
financieros y portafolios de inversión, debe producir más dinero que
dispersarlos en millones de seres humanos que los consumen en necesidades
básicas como comida o medicamentos. Pero el gobierno tampoco debería
preocuparse únicamente por la creación de riqueza, sino por cómo esa riqueza se
traduce en bienestar para sus gobernados. Y es aquí donde no queda claro cómo
este mayor crecimiento económico llegará a todas las familias; y cómo estos
nuevos (y viejos) zares del capital serán motivados para compartir
“generosamente” sus ganancias de capital con los depositarios originales de la
riqueza petrolera: los mexicanos.
Sin más, me despido recomendándoles
leer la columna del diputado Luis Cházaro (adjunto la liga) y llevar a cabo un
ejercicio de comparación de esta nueva privatización con la privatización de la
banca en 1991 (y su desenlace en 1995). Es posible que yo mismo haga este
ejercicio en una nueva entrada.
Éxito, y gracias por seguirme.
