Hola:
En 2011, durante una visita al centro de adiestramiento de la Policía Federal, uno de los oficiales que amablemente nos guiaba por las instalaciones dejó una fuerte impresión en mí. Al cuestionársele sobre cuál era el principal objetivo de la policía a su cargo, él sin titubear contestó que servir a la autoridad que la ciudadanía había elegido mediante su voto; sin preferencias políticas o partidistas. La policía, dijo él, está para obedecer a quien está al mando, con apego a derecho. Sin más.
Esta fuerte convicción me hizo entender por qué estaba yo frente a un alto rango de la institución policial, y que contrastaba tanto con otras opiniones emitidas ese mismo día por policías de mucho más baja jerarquía.
Esta anécdota puede parecer fuera de lugar en este espacio, dedicado a comentar sobre economía y educación; pero la idea detrás es la quintaesencia para materializar todas las esperanzas que en materia de economía y educación tenemos en nuestro país: el respeto al Estado de Derecho.
México es hoy -de acuerdo a su legislación vigente- un país que ha alcanzado a los más desarrollados en materia de derechos y libertades para sus ciudadanos. Los temas que generan debate hoy en la legislación son los mismos temas que se discuten y generan debate en las naciones económica y socialmente más desarrolladas en el mundo; hemos tenido las elecciones más concurridas y vigiladas en nuestra historia, y sin importar nuestra postura respecto a un asunto de interés nacional, podemos encontrar casi siempre un legislador (o partido politico) que dé voz en lo esencial a dicha postura. Hemos alcanzado pues, en materia de Derecho, un alto grado de desarrollo.
El problema que hoy se evidencia con los lamentables sucesos en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, es la falta -tanto de apego como de acceso efectivo- al derecho adquirido por los ciudadanos. En una acertada analogía, Jorge Chávez Presa equipara lo que ocurre hoy en Michoacán en términos del Estado de Derecho con lo que ocurrió en 1994-1995 en términos del sistema financiero. Su columna la pueden revisar en este enlace:
Durante la crisis bancaria en México, el Gobierno Federal debió intervenir como deudor de última instancia para garantizar los depósitos de los ahorradores. Ahora, de nueva cuenta, el Gobierno Federal interviene para saldar la deuda de seguridad que se tiene con los michoacanos. De no hacerlo, el Estado de Derecho en Michoacán se colapsaría; como se hubiera colapsado el sistema bancario mexicano en 1995.
Como también apunta el Dr. Chávez Presa, tras la dolorosa experiencia que resultó para los mexicanos la crisis bancaria, hubo una muy intensa tarea por reconstruir el sistema y dotarlo de mecanismos que volvieran a generar confianza entre la población. De la misma forma, el caso de Michoacán urge a crear mecanismos para que los mexicanos vuelvan a tener confianza en la protección que la autoridad puede y debe brindar a sus personas, a sus familias, a sus libertades y a sus bienes. Esto es requisito indispensable para su desarrollo económico, laboral y educativo. Estoy seguro de que esta protección solo puede venir de servidores públicos que piensen como el oficial que nos guió aquella vez por las instalaciones de la Policía Federal.
